La economía informal representa, en términos financieros, según la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) un término que referencia “al grupo, cada vez más numeroso y diverso de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanos que operan en el ámbito informal” (Oficina Internacional del Trabajo, 2002).

La economía informal, dependiendo del país en el que se emplee el término, tiene una significación diferente. Dicho término abarca, tanto el fenómeno ya señalado, a la empresa o empleador que contrata a sus empleados por trabajos pagos diarios sin considerar el pago de seguridad social: domiciliarios, trabajadores industriales que deben realizar tareas fuera de la empresa, recicladores, trabajadores flexibles que se adaptan al diario vivir, como el trabajo vinculado a transacciones ilícitas relacionadas al narcotráfico, terrorismo, extorsión, etc.

A pesar del contexto opaco en el que se encuentra la economía informal, es menester reconocer que, en Colombia, según las estadísticas presentadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el 48,2% de colombianos trabajan en empleos que no les garantizan sus aportes a la seguridad social.

La economía informal representa para Colombia un esfuerzo que debe conducirse hacia la posibilidad de mejorar las condiciones laborales desde tres diferentes aspectos: 1) garantizando el acceso a la educación y ofreciendo una mayor posibilidad de entrar a estudios técnicos y profesionales; 2) considerando la posibilidad de transformar el sistema tributario configurando un sistema de impuestos corporativos y de valor agregado con tasas bajas, así como impuestos sobre la nómina bajos para ayudar a reducir la informalidad y, 3) mejorar las políticas de inclusión financiera, mediante la promoción de un mayor acceso a los servicios financieros formales (o bancarios) pueden ayudar a reducir la informalidad.